Uno de los anuncios de pisos en alquiler es un «amplio piso en El Sardinero de tres habitaciones, salón, cocina equipada y dos baños». El otro piso en alquiler, también en Santander, «cuenta con cuatro dormitorios» y «en uno de ellos se puede instalar un despacho». Las fotos -ampliables y bien seleccionadas- muestran un lugar apetecible, mucho más al leer que el precio de alquiler del primero es de 325 euros y el del segundo de 380. Dos anuncios en Internet, dos presuntos propietarios, dos correos diferentes para contactar… Lo curioso es que la respuesta al ‘mail’ para solicitar información es exactamente la misma. Palabra por palabra. Exactos. Huele a timo…
Los supuestos arrendadores viven en Inglaterra y sólo pueden enviar las llaves a través de empresas de mensajería a cambio de un pago mediante ‘Western Union’. No se fíe.
«Los siento para mi español. Será muy bien si usted habla inglés». Así terminan los dos correos de respuesta. Los ‘anzuelos’ aparecen en una página web de anuncios gratuitos. Ambos llevan fotos reales, precios de verdadera ganga y condiciones ventajosas. «Dos cuartos de baño y una amplia cocina cuadrada reformada recientemente. El precio incluye agua caliente y calefacción central. Posibilidad de alquilar también plaza de garaje», describen. «Debe saber seguramente si usted concuerda porque tengo un montón de personas interesadas», apremian ambos.
Su oferta se basa en dejar un depósito de un mes de fianza y un mes de alquiler (650 y 760, respectivamente). Aseguran que la empresa de mensajería enviará una notificación de entrega para confirmar que tienen las llaves y los papeles de un futuro contrato. En ese momento, el interesado hará el depósito a un agente de Western Union, que sólo ‘soltará’ el dinero en caso de conformidad. Pero algo falla en la cadena y el usuario suele encontrarse con unas llaves de un piso que no existe (o es de otra persona) y sin dinero.
Se trata de grupos organizados con origen en otros países que saben ‘borrar’ todas las pistas. Tienen muchos sistemas: el uso de agentes falsos de empresas como Western Union, Money Gram o Money Booking, la utilización de ‘mulas’ que crean y cancelan cuentas bancarias en el mismo día con falsos titulares…
Guerra al estafador
La Guardia Civil es la que lucha contra estos estafadores. Rastrean direcciones IP (la ‘matrícula’ de Internet), cruzan datos en todo el país… Además, se rastrean los anuncios, se acude a los registros de administradores de las empresas donde se ponen… En el último año no ha habido denuncias en Cantabria relativas a ‘timos’ en vivienda, pero sí a vehículos -en los que hasta se falsifica la documentación- y a otros muchos productos.
¿Y los anuncios? Pues resulta llamativa la dificultad para contactar con las empresas donde se exhiben. En la página en la que aparecen estas dos ofertas (han estado en otras) no funcionan buena parte de sus direcciones de correo y el contacto telefónico resulta más que complicado. Dos usuarios particulares responden al otro lado de la línea y dicen estar «hartos» de recoger llamadas de números que figuran en páginas web asociados a esta empresa.
Tras varios intentos, sí hay respuesta en un apartado concreto (‘estafas/denuncias’) donde se incluye la referencia exacta del anuncio. Afirman que intentan mantener su sitio web libre de anuncios falsos pero que al publicarse miles cada día se dificulta la tarea. Además, confirman que han borrado la oferta y bloqueado al anunciante. Sin embargo, más de 48 horas después sigue expuesto en el mismo lugar.
Otros timos
El ‘timo del inglés’ no es, ni muchos menos, el único que circula estos días. En algunas inmobiliarias cántabras ya han recibido la llamada de un africano interesado en una promoción con una herencia jugosa. Sólo necesita un dinero para viajar hasta España para hacer efectivo el cobro. Pide un anticipo para costear el billete…
En un establecimiento hostelero de la región han recibido recientemente una reserva pagada vía código de tarjeta de crédito. Días después se anunciaba que, por un accidente, no se podía llevar a cabo el viaje. Lógicamente, enviaban un número de cuenta para devolver el importe. El problema es que las tarjetas de crédito eran robadas y el titular de esa cuenta con fecha de caducidad se evaporó como la espuma con casi 3.000 euros. Vaya una faena…
Son pisos en alquiler de bajo coste con cocina amueblada de nueva construcción en la avenida del Mediterráneo. Las solicitudes se recogen y presentan desde el 17 de mayo al 25 de junio en el registro del Ayuntamiento.
Las personas menores de 35 años pueden optar a una de las 15 viviendas públicas en alquiler que ofrece el Ayuntamiento de Baza a bajo precio para facilitar la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda digna. Se trata de las viviendas de nueva construcción construidas en la avenida del Mediterráneo, de 45 metros cuadrados, repartidos entre salón y cocina amueblada, baño y dos dormitorios, además de plaza de aparcamiento, que se pondrán al alquiler por una mensualidad de 147,24 euros más gastos de comunidad.
Para acceder a uno de estos pisos los solicitantes deben ser menores de 35 años sin vivienda en propiedad y con unos ingresos familiares anuales que no excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
El plazo para presentar las solicitudes para acceder a uno de estos pisos protegidos en alquiler se mantendrá abierto entre el 17 de mayo y el 25 de junio. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en el registro de entrada del Ayuntamiento de Baza. La solicitud, la información de los requisitos y de los documentos que hay que presentar se pueden recoger en el registro del Ayuntamiento y consultar e imprimir estos documentos desde la página web municipal, www.ayuntamientodebaza.es.
Entre otros documentos, los interesados tienen que presentar una fotocopia del DNI, la fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas correspondiente al ejercicio 2008, un certificado técnico sobre la vivienda que ocupa en la actualidad, un certificado de movilidad reducida en los casos en los que se quiera optar a las dos viviendas adaptadas.
Esta promoción de vpo a bajo precio para jóvenes es una de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Baza para facilitar el acceso a una vivienda a las personas cuyos ingresos económicos no les permite comprar una en el mercado libre, se suma a otra iniciativa similar para mayores de 65 años que se encuentra en fase de comprobación de las solicitudes presentadas y baremación de las mismas.
Registro VPO. Unas 250 personas se han inscrito ya en el registro de demandantes de vpo del municipio, un trámite que resulta imprescindible para todas las personas que quieran acceder a una vivienda de protección oficial en el municipio de Baza. Con el nuevo registro, además cumplir la Ley de Derecho a la Vivienda, los demandantes de vivienda protegida se ahorrarán la obligación de inscribirse en cada una de las promociones de vpo a las que quieran acceder, ya que el registro actuará como una bolsa de demandantes única para todos los sorteos.
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Baza, Emuviba, será el organismo encargado de la gestión del registro.
Los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, recogidos en la Ley de Derecho a la Vivienda, permiten conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta. Además, no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino también qué tipo de vivienda necesitan o quieren: en régimen de venta o alquiler, con unas determinadas dimensiones de acuerdo con su situación familiar, etc.
En estas bases de datos podrán inscribirse todos los ciudadanos que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información contrastada y sistematizada se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades.
Las personas que quieran acceder a una vivienda o alojamiento protegido tendrán que solicitar la inscripción en el Ayuntamiento de Baza, en el registro de entrada están disponibles los documentos de solicitud que hay que rellenar y entregar para entrar en la bolsa. La solicitud se puede descargar, también, de la página web municipal, ayuntamientodebaza.es, en concreto se encuentra en la página de inicio en la sección trámites y con el nombre “formulario registro demandantes vpo”.
Primar con medidas fiscales el alquiler y la rehabilitación sobre la compra o implantar programas que supongan un menor coste para las arcas del departamento, sacando al mercado de alquiler pisos vacíos, son algunas de las medidas previstas.
- Deducciones al alquiler. Las medidas tributarias son competencia de las diputaciones, con las que Vivienda ya ha mantenido “un intercambio de pareceres”. La intención del departamento es acabar con el trato fiscal privilegiado a la compra de pisos. Las actuales deducciones por adquisición alcanzan hasta 2.770 euros, mientras que por alquiler se quedan en 2.000. La intención a corto plazo pasa por equipararlas, aunque las haciendas ya asumen que las bonificaciones por la compra desaparecerán. “El escenario ideal es que se desgrave por la rehabilitación y el alquiler y no por la adquisición”, señalan fuentes de la consejería.
- Viviendas vacías. El programa Bizigune para sacar al mercado pisos vacíos en alquiler ha logrado captar 4.500 inmuebles, pero el Gobierno lo considera muy costoso: 22,5 millones al año. La razón es que el Ejecutivo se convierte en arrendatario, al pagar al dueño el precio del mercado, mientras que el inquilino abona un alquiler reducido. Esa diferencia la sufragan las arcas públicas. Vivienda garantiza además el mantenimiento del piso y su devolución en buen estado. El nuevo plan pretende, manteniendo Bizigune en el nivel actual, poner en marcha “mecanismos más baratos” y que la Administración sea un mero intermediario que ponga en contacto a los dueños con los inquilinos. Las ayudas se destinarían a suscribir seguros a los propietarios y avalar a los arrendatarinquilinos. “La situación ha cambiado desde que se impulsó Bizigune. Ahora hay más mecanismos para que se cobre o reclamar desperfectos”, añaden las fuentes informantes.
- El agente rehabilitador. Es similar al agente urbanizador, desarrollado por la actual ley del Suelo para agilizar los planes urbanísticos. La nueva figura persigue simplificar los proyectos de rehabilitación urbanísticos. Movilizaría a las diferentes entidades, con competencias especiales, entre ellas la expropiación. En Euskadi existen actualmente 17 asociaciones urbanísticas de rehabilitación, que acometen una tarea similar a la que se pretende con el agente rehabilitador.
- Precios según la renta. El Gobierno quiere aumentar el peso de las viviendas protegidas en los costes de urbanización, ahora asumidos por los pisos libres. Ello supondría una subida de precios. Además, se quiere equiparar lo pagado a los costes. El objetivo es que los inquilinos abonen según sus ingresos. Todo ello se materializará a través del llamado fondo de garantía y compensación. El constructor cobraría la cantidad fijada por piso para obtener sus beneficios y si el inquilino no llega a ella, el Ejecutivo pone la diferencia. En cambio, si el nuevo propietario debe pagar más de lo fijado, el promotor debe incluir ese sobrante en el fondo.
- Trueques. Otra medida para incrementar el alquiler y lograr facilitar pisos en este régimen a 40.000 familias en 15 años. Ahora, muchos jubilados viven solos y están más interesados en habitar un piso más pequeño o ingresar en una residencia. “Se les daría otra vivienda o dinero para acudir una residencia. Hasta ahora no se ha podido implantar por las reticencias de los descendientes”, afirman las fuentes de Vivienda consultadas.
El impreso de Alquiler sin Riesgos de Arrenta para los estancos españoles, fue adquirido por más de 2.500 propietarios en 2009. Una cifra que pone de manifiesto el éxito de la iniciativa que puso en marcha hace tres años la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda para acercar aún más al público la oportunidad de acceder a los servicios que dan seguridad a los arrendamientos.
El modelo de Alquiler sin riesgos de Arrenta para estancos incluye el convenio de arbitraje, instrucciones para redactar el contrato de alquiler e incluir en él la cláusula de arbitraje y modelos de contratos. El servicio cubre, durante toda la duración del contrato de alquiler, los costes de arbitraje, abogado y procurador, para la solución de conflictos e impagos de rentas.
Arbitraje: la Justicia rápida y válida si es “de Derecho”
El Arbitraje –conforme a la Ley de Arbitraje 60/2003- es una alternativa a la Justicia Ordinaria en la que, en caso de conflicto entre dos o más partes, un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia dictando un laudo (sentencia) que es de obligado cumplimiento y no recurrible. Es “de Derecho” cuando el árbitro es un abogado en ejercicio, experto y el laudo está motivado aplicando el Derecho, lo que garantiza la sujeción a las Leyes vigentes y es el aceptado por todos los jueces (no así el llamado “arbitraje de equidad”, que rechazan algunos tribunales).
El arbitraje es una vía rápida, económica y eficaz, dado que se obtiene un laudo (sentencia firme) en un plazo rápido. Esta agilidad permite el ahorro de 6 meses de media en comparación con acudir a los Juzgados. En el caso de los procedimientos para el cobro de rentas y desahucios por impago, por ejemplo, Arrenta garantiza la obtención de un laudo en el plazo máximo de un mes, con el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade) cuyos laudos, además, se emiten en el lugar donde está ubicada la finca, para asegurar su rapidez y eficacia (otro aspecto que aceptan y recomiendan todos los tribunales).
Soltero con ganas de emanciparse, menor de 35 años y con unos ingresos brutos que van desde los 700 a 1.600 euros al mes, busca piso protegido en Córdoba. A grandes rasgos, éste sería el anuncio por palabras que publicaría el demandante tipo de VPO en la capital, según se desprende del análisis de los datos obtenidos por la promotora municipal de viviendas, Vimcorsa, a través del registro de solicitudes.
La crisis económica ha cambiado la fórmula tradicional de acceso a una casa. Un dato llamativo que se extrae del censo de demandantes es que ya son mayoría (4.698) los que prefieren una VPO de alquiler con opción a compra a los diez años de habitarla. Suman el 78 por ciento. Muchos de ellos también se decantan por la clásica compra (4.048) y 2.895 por una de alquiler, que sigue estando a la cola en las predilecciones de los cordobeses.
5.896 solicitudes en total
En total, fueron 5.986 las peticiones presentadas para acceder a alguno de los 76 pisos (60 de tres dormitorios y 16 de dos) que se adjudicaron ayer. Pueden consultarse en la página web de la empresa municipal.
Esta promoción se edificará en el O-7, junto al centro de Urende-Aeropuerto y están pendiente de licitarse las obras. Son las primeras VPO que se asignan por el nuevo sistema de registro en Andalucía. Hasta ahora, se realizaba con masivos sorteos. Al último de los celebrados en Vimcorsa concurrieron 16.600 solicitudes, lo que, a juicio de su presidenta, Victoria Fernández, no era una cifra real, sino «un espejismo», a la vista de las 5.986 personas inscritas ahora, de las cuales el 68% tiene menos de 35 años.
De los 4.048 que querían una vivienda en régimen de compra, 1.611 cumplían los requisitos y 2.437 fueron excluidos por tener ingresos insuficientes.
Nivel de ingresos
La renta es un factor clave y el motivo de que muchos solicitantes se hayan quedado a las puertas de optar a pisos al no llegar al mínimo de ingresos estipulado. Para pujar por uno en venta, como los adjudicados ayer, es necesario, si no se pertenece a ningún grupo de atención especial (mayores, jóvenes, discapacitados o víctimas de maltrato o de ruptura familiar, entre otros), tener unos ingresos de entre 1,5 y 3,5 el Iprem, que es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos. El Iprem mensual está fijado en 532,51 euros.
Según los datos del registro, cuatro de cada diez personas (2.393) que aspiran a tener su propia casa perciben al mes menos de 700 euros, mientras que 2.954 ingresan entre 8.231 y 20.804 euros.
El 52 por ciento de los inscritos optó por un piso de tres dormitorios, lo que contrasta con el hecho de que la mitad de todos los demandantes eran familias con un único componente.
Para la presidenta de Vimcorsa, este «desajuste» obedece a que, erróneamente, algunas parejas han presentado peticiones por separado creyendo que así tenían más probabilidades de lograr la VPO, lo que provocó que no reunieran los ingresos suficientes.
